A debate la Directiva europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
La Cátedra Garrigues-ICADE sigue a la vanguardia en el análisis de la regulación mercantil europea, comentando en esta ocasión los riesgos de sostenibilidad y el papel de los Consejos de Administración.
26 de noviembre de 2024
El 13 de junio de 2024, se adoptó la Directiva (UE) 2024/1760 sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Por este motivo, la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades (Comillas ICADE) reunió a destacados expertos para debatir sobre los retos y la implementación de esta normativa.
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La jornada comenzó con unas palabras de bienvenida de Abel Veiga Copo, Decano de la Facultad de Derecho de ICADE, seguido de la ponencia inaugural de Andrés Recalde Castells, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid. En su discurso, recalcó la diferencia entre sostenibilidad como viabilidad de la sociedad y cómo bienestar social, subrayando que la “debida diligencia” es una obligación de medios procedimentalizada. Asimismo, el ponente destacó el posible efecto benéfico para las sociedades derivado de la obligación de realizar due diligence.
A continuación, tuvo lugar una mesa moderada por Mónica Martín de Vidales Godino, Codirectora del Departamento de Mercantil de Garrigues y Codirectora de la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades (ICADE), en la que se abordaron cuestiones económicas, procesales y de responsabilidad.
En primer lugar, Manuel Llamas Fraga, Director Ejecutivo del Instituto Juan de Mariana, ofreci ó la perspectiva económica general al exponer la excesiva regulación nacional en materia ambiental, siendo una regulación menos intervencionista más eficiente. Asimismo, también resaltó que la sostenibilidad ambiental debe ir de la mano de la sostenibilidad económica, sin que sea el capitalismo un factor negativo. Surge sin embargo el interrogante de la verdadera eficacia de las medidas si los países más contaminantes siguen sin colaborar.
La intervención de Dulce Calvo González Vallinas, Registradora de la Propiedad y Directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores de España, tuvo como eje principal el auge de los litigios en materia de sostenibilidad, al ser la Directiva de mínimos. Resaltó la diversidad de entidades demandadas y sectores afectados, así como la creciente importancia de los derechos de la naturaleza. Concluye que los litigios son fuente de argumentos para litigios futuros, rellenan lagunas legales e impulsan nuevas normativas.
Por otra parte, Luis Hernando Cebriá, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, centró su intervención en el plan de transición para la mitigación del cambio climático. Al suponer un cambio en el modelo de negocio, cuestiones sobre la competencia para su adopción o la función de los Órganos de Administración fueron abordadas en su discurso.
Acto seguido, Pedro Portellano Díez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y Of Counsel de Garrigues, analizó el impacto en la comisión de auditoría, al incluir ésta en muchos casos la comisión de riesgos. Tras este planteamiento, reflexionó sobre la capacidad de los auditores para determinar las medidas que identifiquen riesgos actuales y potenciales.
Finalmente, la retribución de los administradores fue presentada por Juan Ignacio Peinado Gracia, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga y Of Counsel de Garrigues, quien apuntó la existencia de una inquietud social desde 2006. Destaca que, a partir de 2021, la retribución debe estar indiciada a la sostenibilidad (en su sentido jurídico) a largo plazo, sin que haya retribuciones variables.
Tras un coloquio en el que los asistentes pudieron debatir sobre lo expuesto, esta jornada marca el inicio de un diálogo imprescindible entre el derecho, la economía y la sostenibilidad, que seguirá evolucionando para definir el futuro de la responsabilidad de los Consejos de Administración.
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