Discapacidad y sufragio universal: cuestión de derechos humanos

Una reciente reforma de la ley electoral ha permitido que más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o internadas en centros psiquiátricos pudieran votar por primera vez en las elecciones  celebradas esta primavera. Esta conquista de un derecho fundamental es un paso más, pero no el último, en el camino de la inclusión

Texto: Lucía Tornero

 

En 1933 se celebraron por primera vez en España elecciones con sufragio universal, que incluía a hombres y mujeres. En 1977 los españoles volvieron a las urnas para las primeras elecciones generales democráticas tras 40 años de dictadura franquista. En abril de 2019 se alcanzó por fin la inclusión plena en términos de derecho al voto, y pudieron acudir a las urnas las más de 100.000 personas a las que, hasta ahora, no se les reconocía el derecho de sufragio activo, por haber sido declarados incapaces en sentencia judicial firme o estar internados en un hospital psiquiátrico, con autorización judicial

Para llegar hasta aquí, la senda ha sido larga: han pasado 33 años desde de que una ley les privara de este derecho, y las personas con discapacidad intelectual, sus familias, numerosas organizaciones del tercer sector y los profesionales que trabajan con ellos llevaban años pidiendo lo que la ONU reconoce desde 2005, que su condición de ciudadanos de pleno derecho garantizara su derecho al voto.

En octubre de 2018, y en una de las pocas votaciones unánimes de la convulsa XII legislatura, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que garantizaba el derecho al voto de todas las personas Una de las personas más felices ese día en el Congreso era Íñigo Alli. Este diputado de UPN y amigo de la Cátedra de Familia y Discapacidad: Fundación Repsol-Down Madrid, subió a la tribuna para hablar de dignidad y plenitud.

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40 años después de aprobación de la constitución, la plenitud de la sociedad española pudo votar

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"Mejoramos como sociedad, política y socialmente. Devolvemos la dignidad a personas con discapacidad intelectual que no han podido votar y también devolvemos un poquito de dignidad a nuestra condición política tan maltrecha", afirmó. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, "la plenitud de la sociedad española va a poder votar", celebraba el diputado.

Muchos alumnos de la universidad se estrenaban ante las urnas el 28 de abril. También los de los programas DEMOS, a los que esta primera vez llegaba por edad y, en algunos casos, también por el cambio legal. Para ayudarles a entender el significado de esta acción, se organizó una masterclass. En ella, Jorge Úbeda, antiguo alumno de Filosofía de Comillas y profesor de la Complutense, les habló sobre democracia para preparar las elecciones.

Para Úbeda, con la conquista de este derecho, ganan el colectivo de las personas con discapacidad, la socidad y nuestra democracia. "Ha supuesto un avance, porque va a aumentar sus posibilidades de participación política, y porque el hecho de que los partidos les identifiquen como electores, va a hacer posible que sus reivindicaciones formen parte de los programas", explica.  

"Fue muy importante porque era la primera vez que podía votar, así puedo expresar mi opinión y ayudar a las personas con síndrome de Down", afirma Miriam Medina, alumna de TecnoDEMOS y  una de las que vivió esta experiencia de "libertad, responsabilidad y mayoría de edad", como la define Úbeda.

En su caso, reconoce haber pedido ayuda a sus padres para informarse. "No fue fácil para ella ir a votar", explican ellos, Agustin Medina y Anja Fábrega. "Por una parte, no se interesa demasiado por los mensajes de los partidos políticos y,  por tanto, está poco informada. Por otra, dada su forma de ser, le cuesta bastante decidirse por algo, incluso cosas sencillas". 

Este retrato no dista mucho del de otros jóvenes de sus edad. Siendo realistas, ¿cuántos españoles se leen los programas electorales? Según una encuestade Sigma Dos y la Fundación Transforma España de 2015, el 38,6% de los encuestados asegura que se lee siempre los programas electorales, mientras que un 41,1% afirma que los ha leído alguna vez.

Para ayudar a aquellos que sí quieren hacerlo, la organización Plena Inclusión, una de las que más ha luchado por el derecho al voto de las personas con discapacidad, recopiló en la web mivotocuenta.es los programas electorales adaptados a "lectura fácil", un sistema destinado a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o con dificultades de comprensión.

Buen uso de estos documentos hicieron en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. Con el apoyo del servicio psicoeducativo, los usuarios interesados en votar pudieron manejar materiales e información para explicar el proceso de voto y sus distintas modalidades, e incluso la abstención. 

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Votar les permite tomar el control sobre la democracia

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Eduardo Guevara, psicólogo responsable del área de discapacidad del centro, explica que "vivieron el proceso con mucha ilusión, porque pudieron votar como las personas a las que ellos se quieren parecer". Esta alegría e implicación se tradujo en un mayor interés por ver la televisión y las noticias, en busca de consonancia cognitiva y en un ejercicio de capacidad crítica.

La jornada del último domingo de abril fue una fiesta en este centro, que se sitúa junto a nuestra Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia y que, como ésta, pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Si habitualmente es un día que lleva asociadas rutinas de libertad, como ir a la Iglesia o tomar el apertivo, la jornada electoral les dio la oportunidad de "votar por primera vez y tomar el control sobre la democracia, como individuos que de verdad participan en la sociedad", concluye Guevara.

Voto y discapacidad

Por Mª Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional

En las elecciones generales celebradas en abril pudieron ejercer su derecho de voto las personas con discapacidad, hasta esa fecha excluidos por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que no reconocía derecho de sufragio activo a “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme”, ni a “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento”.

La Ley Orgánica 2/2018 suprimió esta prohibición para garantizar el derecho de sufragio activo de todas las personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, reconocer el derecho de voto a todos los ciudadanos sin limitaciones.

La modificación se basa en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en España desde 2008. Especialmente relevantes para el cambio de la LOREG fueron las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que al referirse a esta prohibición recomendó en 2011 "que se revise toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás”.

Este reconocimiento además es coherente con nuestras prescripciones constitucionales pues la prohibición prevista anteriormente podría ser una vulneración del derecho de participación previsto en el art. 23.1 de nuestra Constitución, en relación con el derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley, previsto en el artículo 14.