¿Qué consecuencias tienen las minas antipersona en las guerras?

Camboya es el país más minado del sudeste asiático, ya que se estima que más de dos millones de minas siguen sin explotar. “Hace unos años había 30 incidentes al día, ahora hay apenas 100 al año”, relata Enrique “Kike” Figaredo, SJ, jesuita, prefecto apostólico en la región de Battanbang (Camboya) y presidente de la Confederación Episcopal de Laos Camboya. Hace décadas que trabaja en Camboya asistiendo a víctimas de las minas antipersona desde el Centro Arrupe de la ONG Sauce y promovió la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres que, a su vez, impulsó la firma del Tratado Internacional de Ottawa en 1997 y recibió el premio Nobel de la Paz en 1997.

Figaredo fue el ponente principal en la jornada “Hacia un mundo más seguro: Comprendiendo los efectos de los conflictos armados”, que analizó las armas explosivas en las guerras y sus consecuencias políticas, sociales y psicológicas. “En la guerra todos son perdedores y en la paz hay una oportunidad para construir mejor. Protejamos la paz y reconstruyámosla en donde haya conflictos”, pidió Figaredo, quien recordó que “hoy hay una ley internacional de eliminación de minas que, aunque son ilegales, se están utilizando en Ucrania”.

Durante su intervención también aludió al papel de la Iglesia en la conformación de la paz. “Las iglesias tienen mucho poder para crear la paz, tiene un significado especial que la gente vea que las religiones se unen y actúan juntos”, en referencia al trabajo conjunto entre católicos y budistas en Camboya”.

Por su parte, el rector de Comillas, Antonio Allende, SJ, alabó el trabajo de Figaredo y avisó de que las armas explosivas no solo son las más dañinas para la población civil, sino que “siguen haciendo daño después de finalizado el conflicto”. También el decano de la Facultad de Derecho, Abel Veiga, avisó de que “el derecho internacional es la primera gran víctima de la enorme hipocresía que se vive en el mundo”.

La jornada reunió a psicólogos, sanitarios, investigadores de diferentes universidades y militares, con la presencia de representantes, entre otros organismos, del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG) –que analizó la influencia en las guerras de las minas antipersona– y del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRQB (SEDEX) de la Guardia Civil.